El Gobierno ha planteado una iniciativa que propone modificar la legislación de medios de comunicación para lograr una “regeneración democrática”, apuntando directamente a su financiación, y en concreto, al reparto de la publicidad “institucional”.
La frase “periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es publicidad” ha sido atribuida al magnate William Randolph Hearst, magnate que, por cierto, inventó “noticias” para provocar la guerra de Cuba entre EEUU y España. También al escritor George Orwell. El autor de la famosa frase parece ser el periodista L. E. Edwardson, del Chicago Herald. En cualquier caso, el mensaje es potente y pertinente.
Varios medios de comunicación españoles han publicado informaciones sobre personas afines al presidente del Gobierno. Se podría plantear una primera disyuntiva sobre si son verdaderas o falsas. Si fuesen falsas, bastaría con desmentirlas, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Por otro lado, cabe discernir entre los hechos sobre los que se ha emitido la información, y los medios que la emiten. Centrar la atención en el medio sin negar la información para que la gente debata sobre el mensajero y no sobre la información es en sí una desinformación. Por último, conviene distinguir si las conductas resaltadas son legales o no legales —algo que corresponde a los tribunales— de si son o no éticas —algo que pertenece a la opinión pública—, y para esto último, una prensa libre es fundamental. No se puede juzgar lo que no se conoce, y no se pueden exigir cambios de comportamiento si la información no llega a la luz pública.
El Gobierno ha planteado una iniciativa que propone modificar la legislación de medios de comunicación para lograr una “regeneración democrática”, apuntando directamente a su financiación, y en concreto, al reparto de la publicidad “institucional”. Aunque de momento no se conocen los detalles, se ha dejado caer que se pretende limitar por ley la publicidad proveniente de fondos públicos que puede recibir un medio, y el que esta deba estar ligada al tamaño de su audiencia.
Conviene plantearse si el momento de cambiar el esquema de financiación de los medios es el adecuado, ya que volvemos a la paradoja de desviar la atención desde la información al medio que la produce. Al igual que en derecho penal se desaconseja modificar leyes a raíz de un crimen con impacto mediático, pretender modificar la regulación de un sector clave para nuestra siempre mejorable democracia en un momento como el actual es desafortunado. Por otro lado, si se limitara el apoyo de dinero público a los medios y su ligazón con la audiencia, eso conllevaría primero replantear el papel de los propios medios públicos, como las televisiones estatales y autonómicas, y muchos regionales de lenguas cooficiales, dada su enorme dependencia de dinero público y su menguante audiencia. Legislar solo para el ámbito privado y eximir de su cumplimiento al público sería algo execrable. Además, existe un importante desacuerdo sobre si las mediciones de audiencias actuales son fiables como instrumento para orientar el reparto de la tarta publicitaria. En cualquier caso, sí convendría, emulando a la regulación europea, aumentar la transparencia sobre el dinero público destinado a sostener todo tipo de medios y sobre los criterios con que ha sido asignado. La normativa europea pretende reforzar la independencia de los medios, no restringirla. Quizás se inspire en la máxima de Voltaire: “No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Defiendo el que un ciudadano disfruta de derechos, pero también de obligaciones. Concuerdo con la idea de que una de las principales obligaciones de un ciudadano reside en estar bien informado, algo que pasa necesariamente por una prensa bien financiada. Podemos, como ciudadanos, consignar una pequeña parte de nuestro gasto en este sentido, al igual que se pagan otras subscripciones. Si soy demasiado utópico y no estamos dispuestos a financiar los medios, tenemos que fijarnos en otras sociedades que han interiorizado la externalidad positiva que supone el papel fundamental de la prensa para fortalecer la democracia, y que utilizan por lo tanto financiación pública hacia medios privados con criterios muy objetivos; por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Noruega y en Suecia, democracias con solera. Una sociedad civil fuerte, clave para sostener una democracia de calidad, pasa por una prensa libre y sostenible. Es una sociedad así la que idealmente exigiría un código ético de comportamiento de familiares de altos cargos de forma que no sucedieran episodios tan difusos. Eso sí que sería “regeneración democrática”. Por eso debemos defender la libertad de prensa, especialmente ahora.
Se atribuye a Confucio aquello de que “cuando el dedo señala la luna, los necios miran al dedo”. La luna es el periodismo: la publicación de información que alguien no quiere que se publique. El dedo es todo lo demás.